Por: Catalina María Puerta

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La última década ha representado un desafío para las sociedades a nivel global. Latinoamérica no ha estado exenta de crisis, las tensiones producidas por los efectos del modelo neoliberal, cuya máxima expresión, aunque no la única, es el caso chileno, que ha demostrado la inconformidad de la población asfixiada por la ausencia de garantías; así mismo, la crisis de la democracia representativa, la corrupción transnacional, y el desconocimiento de la diversidad que en unos y otros contextos, han llevado a las sociedades a reclamar cambios estructurales, son sólo algunas de las manifestaciones.
En este contexto, las nuevas experiencias representadas por la pandemia del Covid -19, han agudizado los efectos del modelo económico, se ha develado y profundizado la desigualdad, y paralelamente, se habla en el contexto internacional de un giro autoritario en las prácticas de los gobiernos, representadas quizá en la represión propia del encierro decretado, pero también, como en el caso colombiano, por el agravamiento de la crisis humanitaria en el marco de la cual, a octubre del presente año, se habían producido un total de 223 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 82 indígenas asesinados[1] y 68 masacres durante 2020[2], nombradas por el gobierno nacional como “homicidios colectivos”.
Por su parte, la crisis de la salud y la educación pública, entre otros problemas estructurales como la continuación del despojo de tierras y el control armado ilegal de los territorios, han empujado a la población a manifestarse en las calles, ante lo cual, la respuesta ha sido la represión y la brutalidad policial. Recientemente, la negación del gobierno nacional a dialogar con los sectores indígenas representados en La Minga, que exigen el respeto por la vida y su autonomía, y a la que se suman de manera solidaria sindicatos, organizaciones de derechos humanos y estudiantes de todo el país, ha sido estigmatizada y señalada por el gobierno como una organización conformada por miembros de grupos insurgentes.
Se trata pues de un contexto en el que la insatisfacción de distintos sectores sociales es ignorada, y la crisis, el conflicto social, el conflicto armado, sus causas y efectos, son negados. Por esta vía, el cercenamiento de la libertad de pensamiento y expresión avanza con rapidez, declarando como enemigos a quienes se han comprometido con sus voces y acciones, en todos los ámbitos de la vida nacional, a cuidar la vida y los territorios de los ciudadanos.

La cuestión no termina ahí. Este proceso ha estado acompañado por una profunda crisis institucional, múltiples escándalos de corrupción política, económica y electoral, así como claros indicios de nexos directos con el narcotráfico y el paramilitarismo de quienes ocupan los cargos de la mayor relevancia en el país. El panorama se agrava con el nombramiento de funcionarios afectos al partido de gobierno en cargos que deben definir la responsabilidad penal de sus propios miembros en casos de relevancia nacional, lo que ha afectado la independencia del poder judicial; mientras que el poder legislativo, ha sido el escenario de la imposibilidad para los partidos de oposición de presentar proyectos de ley para paliar la crisis, e incluso, de ejercer control político a las actuaciones irregulares y violatorias de los DDHH de los ciudadanos por parte del gobierno; a esto, se suma la obstrucción del proceso a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, la estigmatización de quienes lo representan, así como el descrédito de sus avances y de la verdad que desde allí está permitiendo comprender capítulos de la historia de Colombia hasta ahora desconocidos. Todo sumado al desconocimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con Los Acuerdos de la Habana, configuran un escenario desesperanzador para la sobrevivencia de la democracia en Colombia.

Partiendo de lo anterior, el Estado no parecería estar gobernando para la sociedad y su bienestar, paradójicamente, parece oponerse directamente a ella y ha sido especialmente, a lo largo del último año, que hemos sido testigos como ciudadanas y ciudadanos, de lo que podemos definir como un desmonte gradual del Estado de Derecho y las bases democráticas que lo sustentan en el caso colombiano. Frente a esto, aparece la pregunta por el autoritarismo: ¿son estas prácticas gubernamentales de las que estamos siendo testigos expresiones autoritarias? ¿puede hablarse de un giro autoritario en la democracia colombiana? ¿puede emplearse la noción “autoritarismo” para comprender esta situación? ¿Qué compromisos se gestan para la sociedad y la academia en este momento crucial?

En este contexto, la pregunta por la democracia nos conduce a inquietarnos respecto a la posibilidad de concretar una sociedad más justa e incluyente, donde no tenga lugar la violencia sistemática, la persecución, la censura, el control del pensamiento y la expresión, el silenciamiento a sangre y fuego de las luchas de los desposeídos, de la defensa de los derechos, donde la posibilidad de ampliar estas conquistas y reivindicar los territorios desde la convivencia pacífica y el diálogo, sea un imperativo; más aún, de cara a la posibilidad de consolidar las deudas históricas que representa el Acuerdo de Paz, que hasta el presente no ha podido gestar una verdadera transición política, que garantice no sólo los mínimos para la mayoría de la población, sino también, en definitiva, su participación política.

¿Qué rol debemos cumplir todas y todos, especialmente desde la academia en la posibilidad de concretar un proyecto social y político transformador y progresista?

Ante esto, consideramos que la academia debe proponer un análisis no sólo teórico, sino también promover la discusión y el conocimiento, con miras a generar una opinión informada sobre lo que ocurre en Colombia, una discusión también desde las regiones, donde podamos contribuir al fortalecimiento y rescate de la democracia a partir del pensamiento y el diálogo, uno de los mayores ejercicios de paz que podemos aportar a nuestra sociedad desde las aulas.

 

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Referencias

[1] Ya son 223 líderes sociales asesinados este año 

[2] INFORME DE MASACRES EN COLOMBIA DURANTE EL 2020 – 2021

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